CASO 1: La mediación comunitaria indígena como alternativa para resolver disputas territoriales: la experiencia de UNORCAC en las comunidades de Cotacachi - Ecuador
La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, UNORCAC, es una organización de segundo grado, reconocida jurídicamente desde abril de 1980 y con jurisdicción territorial en el cantón de Cotacachi, provincia de Imbabura en Ecuador. Agrupa a 43 comunidades de la zona andina, 2 organizaciones de base de la zona subtropical y diversos grupos organizados a nivel comunitario e intercomunal (mujeres, jóvenes, grupos culturales, deportivos, productivos, comités de microcuencas, cajas de ahorro y crédito, profesores ambientalistas, juntas de agua, etc.).
El accionar de UNORCAC se centra en la reivindicación de la justicia social, ecológica y económica para las comunidades campesinas e indígenas, apuntando hacia la construcción colectiva del “Buen Vivir” o “Alli Kawsay”. Para ello realizan actividades de incidencia política en pro de los derechos indígenas, capacitación y fortalecimiento de las organizaciones y liderazgos locales, y promoción del desarrollo con identidad cultural y territorial.
Desde el 2005 las comunidades afiliadas a la UNORCAC cuentan con 20 mediadores capacitados y un “Centro de Mediación Comunitaria” reconocido por la ley, para la resolución de conflictos familiares, comunitarios, linderación y legalización de tierras, legalización de concesiones de agua y delitos que atentan la paz y armonía de las comunidades. La Mediación Comunitaria Indígena pretende revalorizar las formas ancestrales de aplicación de justicia y promover una cultura de paz sustentada en la cosmovisión andina, que permita a su vez resolver los conflictos de tierras presentes en y entre las comunidades de Cotacachi.
La acción de los mediadores comunitarios y la Defensoría del Pueblo Indígena ha permitido avanzar significativamente en la resolución de conflictos sobre territorios comunitarios e individuales, a través del desarrollo de una metodología de intervención que combina los usos, costumbres y normas consuetudinarias de las culturas indígenas, con el marco legal vigente en materia de tierras en Ecuador.
Durante la Ruta se conocieron casos de resolución y/o intervención en conflictos territoriales de índole individual-familiar (caso Guaján) y comunitario (Comunidad de Tunibamba) rescatando las lecciones y aprendizajes de la experiencia de UNORCAC en mediación y resolución de temas territoriales en un contexto fuertemente marcado por la cultura indígena y en el marco de una postura organizacional y política que propugna por un proyecto de desarrollo autónomo y por la preservación de la identidad cultural y ecológica de las comunidades de Cotacachi.
CASO 2: Procesos de medición participativa y linderación para la legalización de tierras y territorios: el trabajo de FEPP-PROTIERRAS en las comunidades de Uyachul y la Cooperativa Jaime Roldós,Quito – Ecuador
PROTIERRAS forma parte del Grupo Social de empresas del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, institución ecuménica sin fines de lucro, creada en 1970 y auspiciada por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Desde el año 2000 la fundación se define como Grupo Social FEPP, ya que se constituyen en su interior nuevas personerías jurídicas, con los mismos principios, metodologías y destinatarios, dentro de las cuales PROTIERRAS se configura como institución encargada de apoyar las demandas de legalización y recuperación de territorios para comunidades campesinas e indígenas del Ecuador.
El equipo profesional de PROTIERRAS se ocupa de entregar servicios para facilitar el acceso a la tierra, orientados a los sectores más vulnerables de las zonas rurales y periféricas de la provincia. Dentro de sus acciones se encuentra el apoyo a procesos participativos de medición y linderación de tierras, tramites de legalización y titulación de tierras y territorios, levantamientos topográficos y catastrales y actualización de títulos de tierras, entre otros. Estos procesos son desarrollados en conjunto con las comunidades y sus autoridades representativas.
Una de las experiencias relevantes que se conocieron en la Ruta es la desarrollada a partir del 2008 con la comunidad de San Isidro de Uyachul, localizada en la zona noroccidental de la ciudad de Quito. En ella se ha fortalecido la comunidad a través de la capacitación y participación en las actividades de diagnóstico, medición y linderación de predios y gestión legal para la obtención de títulos de propiedad, desde la ex Hacienda donde se encuentra ubicada esta comunidad. Se han utilizado métodos cartográficos (GPS) para la construcción participativa de planos y definición de linderos.
Además se conoció el caso de La Cooperativa de Vivienda Popular “Jaime Roldós Aguilera”, ubicada en una zona periurbana, que llega a posesionarse de la tierra en forma de asentamiento irregular (toma de terrenos) en zonas de haciendas (propiedad privada). Actualmente es un Barrio reconocido por el Distrito Metropolitano de Quito (Municipalidad), con una escritura madre global, donde el 90% no poseen títulos de propiedad de los predios unifamiliares. En este marco PROTIERRAS ha impulsado procesos de diagnóstico de la tenencia de tierras, censo poblacional y trabajos de asesoramiento legal para obtener los títulos de propiedad (escrituras individuales) de los lotes de terreno.
CASO 3: Construyendo pactos comunales sobre la tierra: La experiencia de Saneamiento Interno en Jach’a Hilata, Fundación Tierra - Altiplano, La Paz - Bolivia
La Fundación Tierra se constituye hace ya 15 años como institución especializada en la problemática de acceso a la tierra en Bolivia, siendo su objetivo el apoyar a campesinos, colonizadores e indígenas en la tenencia, uso y acceso a recursos naturales, en el marco de procesos de participación ciudadana y de la mano de las estrategias públicas que apuntan a la reducción de la pobreza.
Desde hace cuatro años la Fundación Tierra impulsa un proceso de investigación-acción en las comunidades de las tierras altas de Bolivia, donde constata que “el problema principal de las comunidades era su exclusión del proceso de regularización del derecho propietario a pesar de su palpable necesidad”. A partir de esto, se establece en la Fundación la necesidad de ahondar en el conocimiento empírico de la realidad del agro altiplánico y se desarrolla en conjunto con las comunidades una metodología de “saneamiento interno” que se presenta como una alternativa para la generación y legitimación de consensos comunales (entre comunidades y a su interior) en torno a la tierra y el territorio.
Durante la Ruta se visitó la experiencia de trabajo con comunidades aymaras en el reconocimiento y resolución de conflictos por la tierra. El caso que se conoció en profundidad fue el de la Comunidad Jach’a Hilata en la región del altiplano Norte del departamento de La Paz, actuando conjuntamente comunidad y autoridades tradicionales.
La principal virtud de esta experiencia es que la comunidad como una entidad sociopolítica con gobierno interno tiene la capacidad llevar este tipo de emprendimientos. Es también el resultado de varios años de experiencia institucional de trabajo bajo el enfoque de investigación/acción en la comunidades originarias y campesinas, particularmente en las región de los valles y el altiplano.
CASO 4: Los impactos del acceso a la tierra en las oportunidades de desarrollo de las comunidades campesinas e indígenas: la experiencia del proyecto PRODESIB en San Ignacio y San Borja, Trinidad - Bolivia
El Proyecto de Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas del Beni en los llanos húmedos de inició su ejecución en 1997 y desarrolló sus últimas actividades de cierre en diciembre de 2005. El Proyecto se situó en la cuenca amazónica de Bolivia cubriendo una superficie total de 2,2 millones de hectáreas, que involucran las provincias de Ballivián, Yacuma, Moxos y Vaca Diez en el Departamento del Beni y marginalmente en la Provincia de Madre de Dios en el Departamento de Pando.
Uno de los Componentes con mayores logros del Proyecto fue el de Seguridad Territorial, cuyas actividades estaban dirigidas a apoyar la consolidación de la seguridad jurídica de los territorios indígenas del Beni (Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Sécure – TIPNIS, Territorio Indígena Chimane, Tsimane – TICH y Territorio Indígena Esse Ejja, Tacana Cavineño – Multiétnico II – TIM II), mediante la ejecución de las acciones previstas en la Ley y sus respectivos reglamentos, hasta culminar con su titulación definitiva.
Se incluyeron actividades de: (i) reconocimiento jurídico a las comunidades indígenas; (ii) devolución de tierras concesionadas por el Estado a explotadociones forestales y agrícolas; (iii) demarcación y titulación de tierras comunitarias en el área del Proyecto y (iv) medidas judiciales para evitar la apropiación de privados de los recursos indígenas y la violación de la legislación ambiental. En total, se consolidaron como propiedad de los pueblos indígenas de las TCOs beneficiarias del Proyecto cerca de 1 287 999 has. correspondiendo a un 88 % de la demanda global, porcentaje que puede aumentar ya que aún no han finalizado las acciones en los polígonos 3A y 4B de la TCO TIPNIS. La superficie consolidada a favor de terceros corresponde a 199 524 hectáreas.
Durante la Ruta se conoció la experiencia del proyecto Prodesib en materia de saneamiento interno de los territorios, evaluando sus logros e impactos a mediano y largo plazo del acceso a la tierra en las oportunidades de desarrollo de las comunidades de San Ignacio y San Borja, en la provincia del Beni.
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